Heraldo de Madrid - Un juez ordena al gobierno Trump que autorice el retorno de venezuelanos expulsados a El Salvador

Se trata de un nuevo revés judicial en este caso para el presidente Trump, quien impulsa una campaña contra inmigrantes indocumentados.

Varios tribunales federales, inclusive la Corte Suprema de mayoría conservadora, han bloqueado provisionalmente la aplicación de esta ley sobre "enemigos extranjeros", utilizada hasta ahora exclusivamente en tiempos de guerra, con el argumento de que las personas expulsadas deben poder hacer valer sus derechos.

Trump invocó esta ley en una orden presidencial publicada el 15 de marzo de 2025 contra la banda venezolana Tren de Aragua.

Ese mismo día fueron expulsadas a El Salvador unas 250 personas, en su gran mayoría venezolanos, 137 de ellas acusadas de pertenecer a el grupo criminal.

Los expulsados fueron traladados a una megacárcel salvadoreña antes de ser liberados en julio en intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, adonde muchos regresaron.

Un juez federal de Washington, James Boasberg, concluyó el 22 de diciembre que la expulsión de esas 137 personas era ilegal, ordenando a la administración Trump que le presentara propuestas para "facilitar el regreso" de quienes así lo quisieran.

A falta de una respuesta, este magistrado ordenó este jueves al gobierno que lleve de vuelta a Estados Unidos a quienes lo soliciten, o que les permita ejercer a distancia un recurso contra su expulsión, desde un país que no sea Venezuela.

"Consciente de las flagrantes violaciones de los derechos de los expulsados que los han conducido a esta situación, el tribunal se niega a dejarlos languidecer más en el atolladero sin solución que propone el gobierno", escribe el juez Boasberg.

Quienes elijan regresar a Estados Unidos serán detenidos de inmediato por los servicios de inmigración en espera de que se resuelva su situación y podrían "ser expulsados nuevamente" si su recurso es desestimado, precisa.

No obstante, el número de personas que podrían volver a Estados Unidos, "probablemente sería muy reducido, si no nulo", admite el juez, citando informaciones de los demandantes.

Quienes están en Venezuela, cuyo número exacto se desconoce, quedan excluidos de esta decisión debido a la compleja situación desde la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, explica el juez.

A cargo del caso desde las expulsiones del 15 de marzo, el juez Boasberg había concluido en abril que existe una fuerte presunción de "desacato al tribunal" por parte de la administración Trump.

C.Diez--HdM