Heraldo de Madrid - El gobierno francés afronta el riesgo de censura sin impuesto a ultrarricos

La advertencia llega cuando el pleno de la Asamblea Nacional (cámara baja) empezó a debatir el capítulo de los ingresos en el plan presupuestario de Lecornu, el tercer primer ministro del presidente Emmanuel Macron en menos de un año.

Esas cuentas prevén un esfuerzo fiscal de 30.000 millones de euros (34.900 millones de dólares), obtenido en parte por una reducción del gasto para contener una deuda pública que ronda los 3,4 billones de euros (115,6% del PIB).

"Hay que gravar a los ultrarricos y a las superherencias", aseguró en la cadena BFMTV el líder socialista, Olivier Faure, para quien "si no hay cambios [en el presupuesto] antes del lunes", "esto habrá terminado".

Su advertencia no es baladí. Los votos de sus 69 diputados son cruciales para tumbar al gobierno centroderechista. Hace ocho días, una moción de censura apoyada por el resto de la izquierda y la extrema derecha se quedó a 18 votos de prosperar.

Faure reclama a cambio incluir medidas de justicia fiscal en el proyecto, como un impuesto a los ultrarricos, para evitar recortes sociales en los presupuestos, como la congelación de las pensiones y de las ayudas sociales.

Aunque Lecornu no aportó respuestas precisas a estos reclamos, se dijo abierto a debatir sobre la "justicia fiscal" y a modificar su proyecto de presupuestos. Pero advirtió que el resultado no deberá ser "la disciplina de un único campo".

Francia se encuentra sumida en una profunda crisis política desde mediados de 2024, cuando un adelanto electoral decidido por Macron dejó una Asamblea Nacional sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

El Parlamento ya tumbó a dos primeros ministros y, para evitar un desenlace similar, Lecornu ya cedió en otro reclamo de los socialistas: la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que condicionó a la adopción de los presupuestos antes de finales de año.

Macron advirtió que convocaría nuevas legislativas si el gobierno cae, aunque cada vez más voces piden en cambio su dimisión antes del final de su mandato en 2027 para superar la crisis política.

J.Varela--HdM