Heraldo de Madrid - Fiscalía acusa a Meta de hacer adictos a los adolescentes en juicio en EEUU

Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estados exige a Meta que pague 200.000 millones de dólares en multas por utilizar tecnología diseñada específicamente para fomentar la adicción entre adolescentes, en un símil de lo que ocurrió con hace tres décadas con las empresas tabacaleras.

"El modelo de negocio de Meta se puede resumir en cuatro pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público", declaró ante el tribunal la fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, en sus argumentos iniciales.

Meta "se aprovechó del funcionamiento del cerebro de los menores", afirmó la fiscal.

La empresa ha negado todas las acusaciones e insiste en que ha colaborado con padres, expertos y autoridades para incorporar medidas de protección para los niños y adolescentes.

El fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, es uno de los testigos clave que se espera que declare, junto con el director de Instagram, Adam Mosseri.

- Avalancha de demandas -

Fuera del tribunal, madres de jóvenes que, según ellas, se vieron empujados a quitarse la vida como consecuencia directa del uso de las redes sociales, exigieron que Meta rinda cuentas.

"Tengo un mensaje para Meta, Mark Zuckerberg y Adam Mosseri: construyeron una de las empresas más poderosas y ricas del mundo", dijo Lori Schott, una de las madres.

"Pero el poder no justifica el daño. Las ganancias no eliminan la responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, y ninguna empresa, por muy rica que sea, por muy influyente que sea, por muy intocable que se sienta, debería estar por encima de la verdad, la ley y nuestros hijos", enfatizó Schott.

Este es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados por familias, comunidades escolares y autoridades de algunos estados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes.

Meta, que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, es la única demandada en este caso.

La compañía "discrepa rotundamente" de las acusaciones presentadas en el juicio, declaró un portavoz a la AFP.

Además de sanciones económicas, los estados exigen cambios en las aplicaciones de Meta para proteger a los usuarios jóvenes, incluyendo límites al tiempo de uso.

Aunque son 29 los estados de la coalición que demanda a Meta desde 2023, la voz cantante en este juicio la llevan los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.

Su acusación se articula en tres ejes: Meta habría mentido al público sobre la nocividad de sus aplicaciones en los adolescentes; habría diseñado ciertas funciones para retenerlos, en particular filtros de apariencia y herramientas de limitación del tiempo fácilmente eludibles; y habría recopilado datos de niños menores de 13 años sin consentimiento parental, en violación de una ley federal.

Se espera que el juicio dure seis semanas, y que el veredicto se dé a conocer en octubre.

- El caso de las tabacaleras -

Aunque no es el primer caso en el que se busca responsabilizar a las empresas tecnológicas por este tipo de problemas, podría convertirse en uno de los más trascendentales.

"El gran problema aquí es el daño a la reputación" y verse obligado a realizar cambios importantes, dijo a la AFP Vincent Joralemon, jurista en la Universidad de Berkeley.

Expertos ven paralelismos con un acuerdo de hace tres décadas entre docenas de estados de Estados Unidos y empresas tabacaleras.

"Realmente se siente como el caso del tabaco en la década de 1990", dijo Joralemon.

Si bien los casos sobre los daños causados por las redes sociales giran en torno a la intersección entre la tecnología y la adicción, el caso contra Meta se centra en sus prácticas comerciales, de manera similar a cuando los reguladores estadounidenses demandaron a las tabacaleras, señaló Joralemon.

Decenas de estados de Estados Unidos demandaron a cuatro grandes empresas tabacaleras por minimizar los efectos nocivos de sus productos para la salud y lograron un acuerdo histórico en 1998 que incluía sanciones económicas y cambios en la comercialización de los productos.

Desde entonces, esas empresas tabacaleras han pagado más de 176.000 millones de dólares, según datos de la Asociación Nacional de Fiscales Generales.

J.Varela--HdM