Heraldo de Madrid - En Sudafrica, miedo y trabajo sin declarar para empleados sin papeles

En Sudáfrica, gran parte de las clases media y superior emplea aún, 30 años después del apartheid, a trabajadores generalmente negros.

Una mano de obra fácil, a la que se pagan módicos salarios de 20 o 30 euros por día. Las empleadas domésticas suelen ser oriundas de países vecinos pobres, como Zimbabue o Malaui, y muchas viven en el país ilegalmente.

Estas últimas semanas la policía ha reforzado los controles en la región de Johannesburgo; "Llevamos a cabo operaciones cada semana", precisa a la AFP el jefe de la policía de la provincia de Gauteng, comisario Elias Mawela.

"Es complicado ser extranjero en estos tiempos", dice sombríamente Precious, mientras dobla primorosamente un pantalón de seda.

Sudáfrica cuenta oficialmente con 3,8 millones de migrantes. En un país con frecuentes estallidos de violencia xenófoba, la agencia nacional de estadísticas ha dejado de registrar el país de origen y el estatuto administrativo del migrante.

Se considera que la cifra está claramente por debajo de la realidad: la primera potencia industrial de Africa atrae a migrantes económicos de todo el continente, pese a que su población de 60 millones de personas sufre un desempleo que afecta a uno de cada tres sudafricanos en edad de trabajar.

Aquella mañana, muy temprano a la hora en que las empleadas de hogar acuden a las casas de los barrios elegantes de la capital económica, la policía llevó a cabo un operativo en una estación de minibús taxi, el transporte en común de la clase obrera pobre. Precious, de 36 años, en situación irregular, fue detenida.

- "Ma'am" -

Zimbabue tiene una larga historia de migración con Sudáfrica. Unos 250.000 zimbabuenses, que huyeron de la crisis política y económica, obtuvieron un permiso de trabajo de cuatro años en 2009, y sus visados han sido luego continuamente renovados. Pero también hay muchos que siguieran esta ola de forma ilegal.

Sudáfrica anunció el año pasado el final de las prórrogas a estos permisos, abriendo la vía a una potencial expulsión masiva. Desde entonces, el gobierno posterga la decisión de seis en seis meses, sumiendo en la incertidumbre a los zimbabuenses presentes en el país, y que además sufren los rencores xenófobos.

Detenida, en el furgón de la policía, el primer reflejo de Precious es enviar un mensaje a "Ma'am", su empleadora, para prevenirle que, desgraciadamente, llegará tarde.

De hecho, "tenía miedo" dice la mujer, pero con un tono sorprendentemente neutro.

Esta capacidad para no reflejar ninguna emoción, la ha adquirido con el tiempo. Un parto a los 25 años en un miserable hospital de Zimbabue le ha enseñado a apretar los dientes: "No hay nada ahí, ni siquiera agua para lavar al bebé una vez que ha nacido". Tampoco el menor medicamento contra el dolor.

Un policía le explica en el furgón a Precious: 1.000 rands (56 euros, igual dólares), ahora mismo en efectivo, y nos olvidamos del asunto. O, si no, a la comisaría y "ahí será más caro y no sabemos lo que puede ocurrir".

En uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo, la policía sudafricana tiene la mala reputación de ser ineficaz y corrupta.

Cualquier acto de corrupción por las fuerzas de seguridad de ser denunciado, reaccionó el comisario Mawela.

Ante el miedo de ser expulsada, de perder todo, a sus dos hijos, Precious hace varias llamadas telefónicas, logra obtener el dinero. Pero tendrá que devolverlo, dice. El equivalente de casi una semana de salario.

P.Gallardo--HdM