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El aborto en España, un derecho con obstáculos
El aborto en España, un derecho con obstáculos
Amplia objeción de conciencia de los médicos, activos movimientos antiaborto y autorización parental para las menores. En España, facilitar el acceso al aborto sigue siendo una lucha que el gobierno de izquierda y las feministas esperan ganar.
"En diciembre del 2020, tuve una rotura completa de bolsa. No me quedaba nada el líquido amniótico y el pronóstico era muy malo" para el feto, cuenta a la AFP Marta Vigara.
Con un embarazo de 17 semanas, esta geriatra de 37 años se vio en la necesidad de practicarse un aborto terapéutico urgente, pero chocó con la negativa del hospital público madrileño donde trabaja, el Clínico San Carlos.
Allí, los ginecólogos le dijeron que no podían hacerle una interrupción voluntaria del embarazo mientras hubiera "latido fetal" y la derivaron a una clínica privada.
Al otro centro médico, "yo ya llegué sangrando. Probablemente hubo un desprendimiento de placenta", se queja en su apartamento en Madrid.
Más tarde supo, por el Colegio de Médicos, que todos los ginecólogos del San Carlos, uno de los hospitales más grandes de España, se habían declarado objetores de conciencia contra el aborto desde 2009.
Un situación frecuente en la salud pública donde una "mayoría" de ginecólogos y obstetras son objetores de conciencia, reconoce el Colegio de Médicos, sin que exista un registro oficial que los contabilice.
Eso explica que el 84,5% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en clínicas privadas, donde de todas maneras las cubre la seguridad social, según cifras oficiales de 2020.
En algunas zonas del país, las mujeres deben recorrer cientos de kilómetros para abortar al no poder recurrir a la sanidad pública.
Ocho de las cincuenta provincias del país no han registrado ningún aborto desde su despenalización en 1985, denuncia el gobierno de izquierda, que quiere legislar este año para garantizar un mínimo de acceso al aborto en el sector público, uno de los temas que centran la manifestación feminista de este 8 de marzo.
- "Ambulancia" antiaborto -
Desde hace una década, el psiquiatra Jesús Poveda se aposta junto a sus "rescatadores" frente a la clínica Dator en Madrid, una de las más grandes del país para abortos, para intentar persuadir a las mujeres de que no entren.
Las "interpelamos directamente" para que suban a la "ambulancia", una pequeña furgoneta que equiparon con un ecógrafo, que permite "mostrarles que lo que hay es un ser humano vivo", explica este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Un modus operandi que un proyecto de ley busca penalizar, al calificarlo de acoso.
El texto, impulsado por los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue aprobado en primera lectura a principios de febrero por el Congreso de los Diputados.
Jesús Poveda no se amilana. "Seguiremos viniendo aquí", aunque la ley sea definitivamente adoptada, desafía.
En una muestra de que el movimiento antiaborto está activo, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) desplegó en enero 260 carteles en 33 ciudades, incluso en el metro de Madrid, con el lema: "Rezar frente a las clínicas abortistas está genial".
- Autorización parental para menores -
El aborto fue despenalizado en España en 1985 pero por tres causas solamente: violación, riesgo grave para la madre y malformación fetal.
No fue sino hasta 2010 que este país de fuerte tradición católica legalizó el aborto sin justificación médica hasta la decimocuarta semana de gestación.
En 2015, la derecha, entonces en el poder, quiso volver a la ley de 1985, pero se vio obligada a dar un paso atrás ante el clamor de las protestas, en este país donde el movimiento feminista ha tomado gran vigor en los últimos años.
No obstante, sí modificó la legislación para obligar a las menores de 16 y 17 años a obtener el consentimiento de sus padres.
Un obligación, vigente en gran parte de los países europeos salvo Francia, Alemania o Reino Unido, que el gobierno español quiere derogar.
Esas jóvenes "pueden decidir de forma libre y autónoma someterse a una operación de vida o muerte, pero se les exige el consentimiento paterno para interrumpir voluntariamente su embarazo", criticó la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Marta Vigara espera que las cosas cambien, ya que sintió "un poco de estigma" al ser derivada a una clínica privada.
I.Soto--HdM
