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Huelga silenciosa y sanciones a Birmania un año después del golpe militar
Huelga silenciosa y sanciones a Birmania un año después del golpe militar
La junta militar de Birmania cumple este martes un año en el poder entre una huelga silenciosa convocada por el campo prodemocracia que vació las calles y comercios del país y una creciente presión internacional contra los generales.
En el aniversario del golpe que derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron nuevas sanciones contra este país del sureste asiático y Naciones Unidas inició una investigación por "crímenes contra la humanidad".
El golpe de Estado estuvo seguido por protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas duramente por los militares en una represión que ha dejado más de 1.500 civiles muertos y 9.000 todavía detenidos, según una oenegé local.
Aun así, la junta no consigue contener el malestar de la población, con enfrentamientos diarios entre grupos rebeldes armados y las tropas y partes del país fuera del control militar.
El malestar se hizo patente en este aniversario de forma menos ruidosa. Los prodemócratas convocaron una huelga silenciosa que dejó vacías las calles y las tiendas de Rangún, el principal centro económico, Mandalay (centro) o Myitkyina (norte).
"Nadie sale en mi barrio. Las fuerzas de seguridad patrullan", explicó a AFP un habitante de Rangún. "El silencio es el grito más fuerte que podemos lanzar contra los soldados y su sangrienta represión", indicó una opositora en Twitter.
El contraste fue evidente en Rangún: la ciudad amaneció ajetreada, con sus habitantes haciendo recados o reuniéndose con vecinos. Pero a las 10H00 locales, hora de inicio de la protesta, todo se desvaneció.
Antes del aniversario, la junta amenazó con embargar los negocios que cerraran sus puertas y alertó que las manifestaciones o exhibiciones de "propaganda" antimiliar podían conllevar cargos de traición y terrorismo.
En unos comentarios publicados el martes, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, insistió en que el golpe obedeció a un fraude en las elecciones de 2020 ganadas por el partido de Suu Kyi y consideradas limpias por la comunidad internacional.
También repitió su compromiso de celebrar elecciones "libres y justas" en agosto de 2023 si se ha restablecido la estabilidad, señaló al diario estatal Global New Light of Myanmar.
- Justicia internacional -
La presión crece contra la junta, investigada por la ONU por crímenes contra la humanidad.
"La justicia internacional tiene una memoria muy larga y algún día los autores de los crímenes internacionales más graves cometidos en Birmania tendrán que rendir cuentas", advirtió Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Birmania.
Este mecanismo, creado en 2018, tiene el mandato de recopilar pruebas que muestren que se cometieron crímenes internacionales en Birmania y que se violó el derecho internacional.
Según su jefe, los informes del último año "sugieren que más de 1.000 personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra".
Además, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá anunciaron sanciones coordinadas contra altos cargos del país.
"Mientras el régimen prive al pueblo de Birmania de su voz democrática, haremos que los militares y sus partidarios paguen por ello", advirtió el presidente estadounidense Joe Biden.
Las medidas de Washington afectan a siete personas y dos entidades "ligadas al régimen militar de Birmania", indicó el departamento del Tesoro.
Entre ellos figuran los principales funcionarios judiciales como el fiscal general, Thida Oo, el presidente de la Corte Suprema, Tun Tun Oo, y el jefe de la comisión anticorrupción, Tin Oo, vinculados con el juicio de Aung San Suu Kyi.
- Embargo de armas -
La lideresa civil, laureada con el premio Nobel de la Paz, ya ha sido concenada a seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.
Suu Kyi, detenida desde el golpe, todavía debe enfrentar otros cargos por supuesta presión a la comisión electoral en los comicios de 2020, indicó una fuente conocedora del caso. El juicio debe alargarse durante seis meses.
El lunes, diputados del llamado "Gobierno Nacional de Unidad" en la sombra, formado principalmente por afines a Suu Kyi, pidió en un discurso a los medios en París que se impusiera un embargo internacional a la venta de armas al régimen.
La enviada de la ONU para Birmania, Noeleen Heyzer, también pidió el lunes una "reunión humanitaria" con "la mayoría de las partes interesadas" en el conflicto en Birmania.
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A.Montoya--HdM
