Heraldo de Madrid - Una jueza de EEUU bloquea el procedimiento acelerado de expulsión de migrantes de Trump

El procedimiento denominado "expulsión acelerada" ha sido utilizado por la administración republicana para devolver rápidamente a los migrantes detenidos cerca de la frontera con México si habían entrado en Estados Unidos en las dos semanas anteriores.

Sin embargo, desde su llegada al poder en enero, la administración Trump generalizó su aplicación a todo el país y a migrantes que llevaban en Estados Unidos hasta dos años.

La jueza federal Jia Cobb bloqueó, en un texto publicado el viernes por la noche, esta ampliación de la aplicación del procedimiento, argumentando que podría llevar a que se expulsara a personas "erróneamente" sin ningún proceso legal, y en particular sin la posibilidad de demostrar que llevan más de dos años en Estados Unidos.

Al generalizar la aplicación, "el gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda (de la Constitución), y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso", explicó Jia Cobb.

"Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro", agregó.

La Quinta Enmienda de la Constitución tiene por objeto proteger a las personas de cualquier abuso de autoridad por parte del gobierno en un procedimiento judicial.

La jueza Cobb, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, aclaró que el tribunal no "cuestiona la constitucionalidad de la ley de expulsiones aceleradas, ni su aplicación en la frontera".

También invocó un artículo de la Constitución que garantiza que "nadie será expulsado de Estados Unidos sin la posibilidad, en algún momento, de ser oído".

Uno de los grandes temas de la campaña de Trump en la carrera por la Casa Blanca fue la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados.

Sin embargo, su programa de devoluciones masivas se ha visto obstaculizado por numerosas decisiones judiciales, especialmente por el motivo de que las personas afectadas deben poder hacer valer su derecho a un debido proceso.

Q.Rios--HdM