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Ciberacoso y democracia: de la estadística escolar al poder algorítmico
Ciberacoso y democracia: de la estadística escolar al poder algorítmico
Una investigación de la Organización Mundial de la Salud revela que uno de cada seis adolescentes ha sufrido ciberacoso, una cifra que ha aumentado desde 2018. Este fenómeno trasciende el ámbito escolar, exponiendo a las infancias a una violencia digital constante y planteando interrogantes críticos sobre la regulación de las plataformas tecnológicas y su impacto en la integridad psicológica de los jóvenes y la estabilidad democrática.
La experiencia de una niña de 12 años ilustra la evolución del acoso escolar en la era digital. Una fotografía tomada sin consentimiento durante una fiesta se transforma en memes y comentarios sobre su cuerpo que circulan por grupos de mensajería, extendiendo la humillación más allá del horario escolar. A diferencia de las generaciones anteriores, donde el hogar representaba un refugio seguro tras la jornada académica, la conectividad permanente permite que el acoso persista las veinticuatro horas del día, invadiendo la intimidad del adolescente.
Esta realidad se enmarca en la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, iniciativa impulsada por la UNESCO para visibilizar una problemática que vulnera los derechos de millones de jóvenes. Los datos cuantifican la magnitud del fenómeno: un estudio publicado en 2024 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), basado en información de 44 países, determinó que uno de cada seis adolescentes ha sido víctima de ciberacoso, marcando un incremento en la prevalencia respecto a 2018.
En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que durante 2024, el 21 por ciento de la población usuaria de internet de 12 años o más experimentó situaciones de ciberacoso, lo que equivale a 18.9 millones de personas. Las estadísticas señalan que las infancias son particularmente vulnerables a los traumas de larga data derivados de la humillación pública en redes sociales.
Ante este escenario, el gobierno mexicano implementó el 3 de noviembre un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que restringe el uso de teléfonos celulares durante toda la jornada escolar en educación básica. La norma contempla excepciones para actividades pedagógicas programadas y emergencias, con el objetivo declarado de recuperar a la escuela como un espacio de encuentro y aprendizaje. Sin embargo, esta medida representa solo el primer paso, dejando abiertas las preguntas sobre la responsabilidad familiar y la exposición digital fuera del entorno educativo.
El análisis se extiende hacia el rol de las compañías propietarias de plataformas digitales, cuyos modelos de negocio dependen de mantener a los usuarios conectados e interactuando. Un estudio publicado en 2025 en la revista científica PNAS Nexus, que incluyó una auditoría del algoritmo de X, encontró que su sistema de recomendación amplifica contenidos emocionalmente hostiles dirigidos contra grupos opuestos entre sí.
Esta dinámica afecta directamente la democracia, especialmente en el contexto de la legislación estadounidense. Desde 1996, la Sección 230 de la Communications Decency Act otorga a las plataformas una amplia protección frente a la responsabilidad por contenidos publicados por terceros, estableciendo que quien publica responde, no la empresa que proporciona el espacio. Este modelo ha sido objeto de fuertes cuestionamientos cuando las redes amplifican mensajes que ponen en riesgo la estabilidad democrática.
Brasil ofrece un precedente relevante tras los disturbios del 8 de enero de 2023, donde se asaltaron las sedes de los tres poderes en Brasilia en un contexto de desinformación electoral. En junio de 2025, el Supremo Tribunal Federal brasileño declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil da Internet, estableciendo nuevos criterios para responsabilizar a las empresas por contenidos de terceros.
El poder electoral de estas compañías también está bajo escrutinio. El diario Folha de S.Paulo reportó en octubre que empleados de Meta reconocieron restricciones que afectaron las cuentas de Instagram de Lula da Silva durante su campaña presidencial, planteando interrogantes sobre quién vigila a quienes tienen la capacidad de modificar la visibilidad de candidaturas. La discusión subraya la necesidad de no delegar la defensa contra sistemas diseñados por corporaciones tecnológicas únicamente en individuos, ni permitir que la protección de la democracia dependa de decisiones algorítmicas no supervisadas.
O.Pardo--HdM
