Heraldo de Madrid - Parálisis política frena desarrollo económico en Irak

El país, rico en hidrocarburos pero asolado por décadas de conflicto, obtuvo este año unos ingresos extraordinarios gracias a las exportaciones de petróleo.

Pero estas riquezas duermen en las cajas del Banco Central, donde las reservas de divisas alcanzaron los 87.000 millones de dólares.

Para invertir este dinero, hace falta un nuevo gobierno capaz de presentar al Parlamento un presupuesto, una prerrogativa que no tiene el actual primer ministro, Mustafá Al Kazimi, encargado desde hace un año de gestionar los asuntos corrientes.

Pese a las elecciones legislativas celebradas el 10 de octubre de 2021, no ha sido aún posible elegir a un nuevo presidente ni nombrar a un primer ministro.

En problema es el pulso entre los dos grandes polos de la comunidad musulmana chiíta, mayoritaria en Irak.

Por un lado, el impredecible Moqtada Sadr reclama una disolución del Parlamento y de legislativas anticipadas.

Por otro lado, el Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiíes pro Irán -que incluye a los exparamilitares del Hashd al Chaabi-, quiere un nuevo gobierno antes de las elecciones.

El enfrentamiento alcanzó su punto álgido el 29 de agosto, cuando más de 30 partidarios sadristas murieron en los combates contra el ejército y el Hachd Al Chaabi, integrado en las tropas regulares en 2017.

- Ley de financiación de emergencia -

Aunque el Banco Mundial (BM) acoge con satisfacción las previsiones de Irak de un crecimiento económico anual medio del 5,4% entre 2022 y 2024, también recuerda los desafíos que hay que superar.

"Más retrasos en la formación del gobierno y la ratificación del presupuesto 2022 podrían limitar la utilización de los ingresos petroleros excepcionales (...) mientras que se suspenden nuevos proyectos de inversión", detaca el BM.

Sin un presupuesto para 2022, el gobierno simplemente aplica las disposiciones del presupuesto para 2021, que se basa en un precio del barril mucho más bajo que el actual, es decir, un gasto público más reducido.

Para hacer frente a los gastos indispensables, el Parlamento votó en junio una ley sobre la financiación de emergencia por un valor de 17.000 millones de dólares, que permitía la compra de gas y electricidad en el extranjero o cereales para garantizar la "seguridad alimentaria".

Esto "no permite crear oportunidades de crecimiento económico y priva a Irak de grandes proyectos estratégicos", explica al AFP Mazhar Saleh, consejero financiero del primer ministro, lamentando "oportunidades perdidas".

Al acercarse 2023, las autoridades podrían verse tentadas a adoptar otra ley de financiación de emergencia.

De hecho, varios proyectos iniciados por el ministerio del Petróleo y las empresas extranjeras para garantizar la quema de gas de los campos petrolíferos "progresan lentamente", reconoce Maleki.

En 2021, Irak firmó un contrato de 10.000 millones de dólares con TotalEnergies, que incluye instalaciones de recuperación de gas quemado y la construcción de una planta de energía solar.

Financiado en parte por las autoridades, este proyecto está en sus comienzos.

"El gobierno está trabajando para eliminar los obstáculos", según una fuente cercana al caso.

Mientras tanto, en este Irak de 42 millones de habitantes, casi cuatro de cada diez jóvenes están desempleados.

Según las Naciones Unidas, un tercio de la población del país vive en la pobreza.

M.Arroyo--HdM