Heraldo de Madrid - Ucrania: Lucha de Zelenski

El presidente Volodymyr Zelenskyy llegó al poder como la cara visible de una ola reformista, pero hoy se le acusa de desmantelar la estructura anticorrupción que sustentaba su legitimidad. El 22 de julio, el Parlamento ucraniano aprobó por vía urgente una serie de enmiendas que sitúan a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO) bajo el control efectivo del fiscal general, un cargo político que responde ante la presidencia.

La nueva ley faculta al fiscal general para reasignar casos de corrupción de alto perfil «cuando las circunstancias imposibiliten el trabajo de la NABU», una cláusula que los críticos describen como una licencia para la injerencia política. En cuestión de horas, Zelenskyy mostró su apoyo, calificando los cambios de necesidad en tiempos de guerra, lo que desencadenó las mayores protestas callejeras en Kiev desde los primeros meses de la invasión. Los manifestantes cubrieron el Parlamento con pancartas en las que advertían del retorno a la impunidad anterior a la revolución y coreaban «UE o nada», en referencia a la exigencia de Bruselas de que Kiev mantuviera organismos de control independientes como condición previa fundamental para la adhesión.

Las apuestas financieras aumentaron de inmediato. La Comisión Europea comunicó en privado a Kiev que podría congelar hasta 18 000 millones de euros en ayuda macrofinanciera si no se revertía la marcha atrás, mientras que varios gobiernos donantes suspendieron el desembolso de los fondos de recuperación destinados a 2025-2026. Los inversores extranjeros, ya recelosos de hacer negocios en una zona de guerra, vieron cómo los rendimientos de los bonos se disparaban a su nivel más alto en tres meses, mientras las agencias de calificación señalaban un «deslizamiento de la gobernanza».

A nivel nacional, el enfriamiento llegó a los pasillos de las fuerzas del orden. Agentes de la NABU denunciaron registros sorpresa en sus oficinas por parte de agentes de seguridad del Estado, justificados oficialmente como una caza de «infiltrados extranjeros». Los funcionarios anticorrupción respondieron que las redadas tenían como objetivo incautar expedientes que implicaban a influyentes contratistas de la guerra.

Bajo presión, Zelensky invitó a los jefes de las agencias y a los grupos cívicos a negociar un compromiso que salvara las apariencias. Sin embargo, ni siquiera una solución cosmética podría reparar el daño a la reputación: las encuestas publicadas esta semana muestran que la confianza en la agenda anticorrupción del presidente ha caído por debajo del 40 % por primera vez desde 2022. Mientras tanto, las investigaciones más delicadas de la NABU, que van desde el fraude en la adquisición de drones hasta la malversación en la logística de primera línea, siguen en el limbo, lo que pone en peligro tanto la eficiencia en el campo de batalla como la moral pública.

Los analistas advierten de que el debilitamiento del cortafuegos investigador podría afianzar el clientelismo en el auge de la reconstrucción posbélica de Ucrania. Miles de millones de euros en futuros contratos de la UE y el Banco Mundial corren el riesgo de pasar por un sistema percibido como capturado políticamente, lo que aumenta la posibilidad de que los donantes se cansen en un momento en que el déficit fiscal de Kiev ya supera el 20 % del PIB. Lo que comenzó como un ajuste procedimental se está convirtiendo en una apuesta estratégica: Zelenski puede dar marcha atrás y tranquilizar a sus socios, o seguir adelante y poner a prueba si los aliados de Ucrania darán prioridad a la unidad frente a Moscú por encima de las normas de gobernanza en el país. Cualquiera de las dos opciones definirá su presidencia mucho después de que las armas callen.