Heraldo de Madrid - ¿Nicaragua, Cuba o Venezuela?

En la madrugada del 3 de enero de 2026 aviones de combate estadounidenses irrumpieron en Caracas. La operación, bautizada Resolución Absoluta, terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Dos días después, el presidente depuesto se declaraba inocente ante un tribunal federal en Nueva York, acusado de narcotráfico y conspiración. Mientras tanto, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumía el poder interino, pero sin garantías de elecciones inmediatas. En Washington, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno dirigiría Venezuela «hasta que podamos hacer una transición adecuada», sugiriendo un tutelaje de la industria petrolera venezolana y despertando dudas sobre la legalidad internacional de la intervención. Las potencias regionales protestaron, y la captura de Maduro se convirtió en un terremoto que reverberó en La Habana y Managua.

En La Habana el efecto fue casi inmediato. Cuba vive la peor crisis económica en décadas: el peso perdió más del 10 % de su valor en tres semanas y las colas para conseguir combustible se alargan en una isla castigada por apagones de hasta doce horas. La falta de petróleo venezolano y mexicano —bloqueado por las nuevas sanciones de Washington— dejó a las gasolineras sin reservas. Los cubanos soportan precios de alimentos y transporte por las nubes, largas filas para comprar pan y un racionamiento de combustible que obliga a muchos a pagar en dólares, una moneda inaccesible para la mayoría. Aunque las penurias han desencadenado protestas esporádicas, la represión y el exilio de hasta dos millones de personas desde la pandemia han desarticulado cualquier oposición organizada. Según organismos de derechos humanos, en 2025 había al menos 203 personas detenidas arbitrariamente y cerca de 700 presos políticos en la isla. Las detenciones masivas, los juicios sin garantías y la vigilancia sobre las familias de los presos forman parte de un patrón de intimidación estatal.

La Nicaragua de Daniel Ortega sigue una deriva parecida. Desde las protestas de abril de 2018, que dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen ha reprimido sistemáticamente la disidencia. En 2023 expulsó a 222 presos políticos y les retiró la nacionalidad; cientos más perdieron su ciudadanía y sus bienes por decreto. Al menos 81 críticos permanecían encarcelados a finales de 2023, acusados de «menoscabar la integridad nacional», muchos en condiciones inhumanas. La persecución no se limita a la oposición secular: el obispo Rolando Álvarez recibió una condena de 26 años de prisión y fue incomunicado, y las cuentas bancarias de varias diócesis fueron congeladas. Desde 2018 el gobierno ha clausurado más de 3.500 organizaciones no gubernamentales, confiscaron universidades y medios de comunicación y obligaron a exiliarse a centenares de periodistas.

En agosto de 2024 el Parlamento nicaragüense canceló de un plumazo 1.500 organizaciones sin ánimo de lucro, incluida la Cruz Roja, elevando a más de 5.200 el número de asociaciones cerradas desde 2018. Un mes después, 135 presos políticos fueron liberados y expulsados del país, mientras siete sacerdotes fueron enviados al Vaticano. En noviembre el oficialismo aprobó una reforma constitucional que extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y designa a Rosario Murillo como «copresidenta», consolidando la concentración del poder. La reforma también autoriza despojar de ciudadanía a quien el Ejecutivo considere traidor. Las autoridades, además, ampliaron la ley de ciberdelitos para penalizar publicaciones en redes sociales y aprobaron normas que permiten perseguir y confiscar bienes de opositores que residen en el extranjero.

Este clima de persecución ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio. En 2018, unos 40 000 huyeron a Costa Rica; las oleadas se han multiplicado desde entonces, alimentadas por la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y el cerco a la Iglesia católica. En febrero de 2023 el gobierno quitó la nacionalidad a 222 presos excarcelados y, días después, privó de ciudadanía a otros 94 opositores, entre ellos destacados escritores y religiosos. La Organización de las Naciones Unidas denunció que entre febrero de 2023 y septiembre de 2024 se despojó de la nacionalidad a 452 personas y que el régimen extendió sus amenazas al extranjero mediante vigilancia digital y castigos contra familiares de exiliados. En diciembre de 2024 el oficialismo prohibió el ingreso de periodistas y activistas; esa misma política se ha traducido en investigaciones por «lavado de dinero» contra congregaciones religiosas y el cierre de la universidad jesuita UCA.

El fantasma venezolano
La crisis venezolana es el ejemplo que más temen los nicaragüenses. En el primer semestre de 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales plagadas de irregularidades en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro con poco más del 51 % de los votos, sin entregar las actas de votación ni permitir auditorías. Organismos internacionales y centros de observación consideraron que el opositor Edmundo González había obtenido la mayoría, pero el régimen emitió una orden de detención contra él y forzó su exilio. Antes de la votación, el gobierno lanzó el plan «Furia Bolivariana» y detuvo a decenas de militares, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos bajo acusaciones de conspiración.

La represión ha ido acompañada de un colapso económico. Alrededor de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional sin acceso a alimentos ni medicinas esenciales. Más de ocho millones han abandonado el país desde 2014, lo que ha generado la mayor crisis de desplazamiento del hemisferio. Colombia alberga a 2,8 millones de migrantes, Perú a 1,6 millones y otros cientos de miles han cruzado la peligrosa selva del Darién. La hiperinflación, la corrupción y la dependencia del petróleo han destruido la economía. Las remesas y la explotación informal de oro han sido la principal fuente de supervivencia de muchas familias.

La captura de Maduro en enero de 2026 abre un nuevo capítulo incierto. Muchos venezolanos celebraron la noticia, pero expertos advierten que la destitución del líder no garantiza un cambio democrático. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora dirige el país, formó parte del núcleo autoritario y enfrenta sanciones internacionales. La posibilidad de que Estados Unidos supervise la transición genera preocupación tanto en la región como entre organizaciones internacionales, que cuestionan la legalidad de la operación y temen que el conflicto se prolongue.

¿Puede Nicaragua terminar como Cuba o Venezuela?
Existen paralelismos evidentes entre los tres países. En Nicaragua, como en Venezuela y Cuba, el poder se concentra en un núcleo familiar que controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; las reformas constitucionales eliminan los contrapesos y prolongan los mandatos. Las detenciones arbitrarias, la represión de protestas y la criminalización de la libertad de expresión son patrones comunes. La cancelación de organizaciones civiles, la expropiación de bienes y la retirada de ciudadanía recuerdan a las políticas de La Habana que, desde 2021, han encarcelado a centenares de manifestantes y mantienen a casi 700 presos políticos.

También hay diferencias. A pesar de la represión, la economía nicaragüense creció un 3,9 % en el primer semestre de 2025 gracias a remesas y a la estabilidad macroeconómica, y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026. La inflación está controlada y la deuda pública ha disminuido. En cambio, la economía venezolana se contrajo más del 75 % desde 2013 y la cubana enfrenta un desabastecimiento crónico. Las sanciones internacionales contra la minería de oro nicaragüense y la congelación de préstamos extranjeros podrían, no obstante, socavar esta relativa estabilidad.

El régimen de Ortega parece seguir aprendiendo del manual cubano y venezolano: utiliza la represión, la propaganda y el despojo de ciudadanía para consolidar su poder. El cierre masivo de ONG y universidades ha dejado a la sociedad civil sin capacidad de organización. La información oficial se reduce a los monólogos diarios de Rosario Murillo, mientras los datos sobre pobreza, salud o educación se ocultan o manipulan.

Sin embargo, el desenlace no está escrito. La captura de Maduro demuestra que las autocracias no son invulnerables y que la región vive un momento de gran volatilidad. Nicaragua mantiene vínculos económicos con Estados Unidos y Europa que podrían erosionarse si el gobierno insiste en convertir al país en un Estado paria. La experiencia cubana también muestra que una economía asediada por sanciones y una población empobrecida pueden perdurar durante décadas a costa de un éxodo masivo y la represión constante.

El futuro de Nicaragua dependerá de la capacidad del régimen para adaptarse a un entorno regional cambiante y de la presión interna y externa por restaurar la democracia. Las lecciones de Cuba y Venezuela son claras: la concentración de poder, la persecución de la disidencia y el aislamiento internacional llevan a la estagnación económica, al deterioro de las condiciones de vida y a la emigración masiva. Ortega puede temblar ante ese espejo, pero aún tiene la posibilidad de evitar que Nicaragua se convierta en la próxima Cuba o Venezuela.