Heraldo de Madrid - Ceuta ante la guerra híbrida

Lo ocurrido en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 desborda la definición habitual de crisis migratoria. En un espacio urbano de apenas veinte kilómetros cuadrados, con una población cercana a las 85.000 personas, la llegada repentina de decenas de miles de ciudadanos procedentes de Marruecos alteró en pocas horas el funcionamiento de la ciudad, saturó los recursos de acogida, obligó a desplegar unidades militares y dejó una tragedia humana cuyo balance provisional supera las ocho decenas de fallecidos. Las autoridades españolas terminaron situando el volumen del episodio en torno a 72.000 entradas, mientras el Gobierno ceutí elevó la estimación y Marruecos ofreció una cifra considerablemente menor. La discrepancia estadística no cambia lo esencial: la frontera exterior de España y de la Unión Europea perdió temporalmente su capacidad de control.

La mayoría de quienes cruzaron regresó a Marruecos en los días siguientes, bien de forma voluntaria, bien mediante procedimientos de retorno. Aun así, entre 3.000 y 5.000 personas seguían en la ciudad al finalizar la primera semana de agosto, entre ellas alrededor de 1.100 menores no acompañados cuya situación exige garantías reforzadas, identificación individual y una evaluación basada en su interés superior. Ceuta no sólo tuvo que recuperar el perímetro. También hubo de atender a heridos, localizar desaparecidos, reforzar servicios forenses, habilitar espacios de emergencia y sostener una convivencia sometida a una presión excepcional.

La dimensión del episodio obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Fue una concatenación espontánea de rumores, desesperación económica y fallos de coordinación, o se trató de una forma de presión deliberada sobre España? La respuesta rigurosa exige separar lo comprobado de lo que todavía pertenece al terreno de la sospecha.

Qué significa realmente hablar de guerra híbrida
La guerra híbrida no consiste simplemente en emplear medios distintos de los militares. Supone combinar instrumentos diplomáticos, económicos, informativos, jurídicos, tecnológicos y sociales para erosionar la capacidad de decisión de otro Estado sin declarar una guerra convencional. Su eficacia depende de la ambigüedad. El objetivo no es necesariamente conquistar territorio, sino generar desorden, dividir a la opinión pública, forzar concesiones, agotar recursos y colocar al adversario ante decisiones en las que cualquier respuesta tenga un coste elevado.

La instrumentalización de movimientos migratorios puede formar parte de ese repertorio. Pero para hablar con propiedad de una operación híbrida hacen falta tres elementos: intención política, coordinación y atribución. En el caso de Ceuta está acreditado que circularon mensajes falsos o engañosos sobre una supuesta apertura de la frontera, que determinadas cuentas difundieron rutas de acceso y datos sobre patrullas marítimas, y que miles de jóvenes se desplazaron con extraordinaria rapidez hacia la zona de Castillejos. También está acreditado que la respuesta marroquí fue insuficiente durante las horas decisivas y que, una vez restablecido un control más intenso al otro lado, el flujo se redujo con rapidez.
Lo que no se ha demostrado públicamente es la existencia de una orden directa del Gobierno marroquí para abrir el paso o promover la avalancha. Tampoco se conoce con certeza quién administraba todas las cuentas que propagaron los rumores, muchas de las cuales desaparecieron después. Atribuir una operación de esta naturaleza requiere pruebas técnicas, financieras, policiales y de inteligencia. Sin ellas, convertir una hipótesis plausible en una certeza política sería tan imprudente como descartar de antemano cualquier intervención organizada.

La formulación más exacta, por tanto, es que Ceuta sufrió un episodio con rasgos compatibles con la presión híbrida. La escala, la sincronización, la explotación de una vulnerabilidad jurídica, la propagación digital y la dependencia española del control marroquí componen un escenario propio de la zona gris. La autoría estatal, sin embargo, continúa sin estar probada de manera concluyente.

El precedente de 2021 impide mirar hacia otro lado
La cautela no equivale a ingenuidad. En mayo de 2021, cerca de 8.000 personas entraron en Ceuta después de que Marruecos relajase sus controles en plena crisis diplomática por la hospitalización en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario. Un miembro del Gobierno marroquí vinculó entonces públicamente la actitud de Rabat con la decisión española. Aquel episodio mostró que el control migratorio podía convertirse en un instrumento de presión bilateral y que la frontera respondía, en parte, al clima político entre ambos países.

Cinco años después, el volumen ha sido mucho mayor y la explicación oficial es distinta. Rabat atribuye el desbordamiento a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español y sostiene que había advertido a Madrid de sus posibles efectos. También recuerda que entre 2023 y 2025 impidió más de 227.000 intentos de cruce irregular y desmanteló más de un millar de redes de tráfico de personas. Es un argumento relevante: Marruecos soporta una presión migratoria considerable y su cooperación evita de manera cotidiana numerosas salidas.

Sin embargo, ese mismo dato revela el núcleo de la vulnerabilidad española. Si Marruecos dispone de una capacidad tan amplia para contener los flujos, cualquier retirada súbita, deliberada o no, produce consecuencias inmediatas en Ceuta. España ha externalizado una parte esencial de su seguridad fronteriza a un país que no reconoce su soberanía sobre la ciudad y con el que mantiene intereses comunes, pero también desacuerdos estructurales. La cooperación es necesaria. La dependencia, en cambio, es peligrosa.

Una relación estratégica sostenida por la interdependencia
Desde el giro español sobre el Sáhara Occidental en 2022, Madrid y Rabat reconstruyeron una relación marcada por la cooperación migratoria, policial, comercial y antiterrorista. España pasó a considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto saharaui. Después llegaron la reapertura de los pasos fronterizos, el avance gradual de las aduanas de Ceuta y Melilla y una agenda económica cada vez más intensa.

El intercambio bilateral supera los 22.500 millones de euros anuales y más de 350 empresas españolas operan en Marruecos. Ambos países comparten, junto con Portugal, la organización del Mundial de fútbol de 2030. Sus puertos, cadenas industriales, conexiones energéticas, inversiones e intereses de seguridad están entrelazados. Una ruptura abierta dañaría a las dos orillas del Estrecho. Esa interdependencia explica la prudencia de Madrid, pero también delimita el poder de Rabat. Marruecos posee una palanca migratoria y geográfica evidente. España y la Unión Europea, por su parte, cuentan con instrumentos comerciales, financieros, diplomáticos y de visados de enorme peso para la economía marroquí. La respuesta inteligente no pasa por romper la cooperación ni por convertir cualquier incidente en una escalada verbal. Pasa por equilibrar la relación para que el cumplimiento fronterizo no dependa únicamente de la voluntad coyuntural de un socio.

Una alianza estable exige mecanismos verificables, protocolos automáticos de aviso, responsabilidades compartidas y consecuencias proporcionadas cuando se incumplen. La amistad entre Estados no puede basarse en la confianza personal ni en comunicados optimistas. Debe sostenerse sobre capacidades propias y compromisos comprobables.

España puede recuperar el control, pero no puede improvisar cada vez
La reacción española demostró que el Estado conserva capacidad para restablecer el orden. El Gobierno desplegó al Ejército de Tierra, recurrió al apoyo de la Armada, reforzó la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y cifró en 400 el incremento conjunto de efectivos de ambos cuerpos. También instaló una barrera flotante de unos 500 metros junto al espigón del Tarajal, habilitó recursos temporales de atención y aceleró la tramitación de retornos.

Desde una perspectiva estrictamente militar, Marruecos no puso en riesgo el dominio territorial de Ceuta. España dispone de unidades permanentes en la ciudad, capacidad naval y aérea, fuerzas policiales y medios logísticos suficientes para responder a una agresión convencional. Un ataque armado tendría además un coste político, económico y militar descomunal para Rabat. No es el escenario más probable. El problema es otro. Una entrada masiva de población civil no puede afrontarse como una incursión militar. Quienes cruzan no son combatientes y el Estado debe respetar el derecho de asilo, la protección de menores, la prohibición de expulsiones colectivas y las obligaciones de salvamento. La fuerza puede asegurar zonas, proteger infraestructuras y apoyar la logística, pero no resuelve por sí sola la identificación, la acogida, la información pública, los procedimientos jurídicos ni la cooperación internacional.

Ahí reside la ventaja de una presión híbrida. Obliga al Estado afectado a movilizar recursos excepcionales sin ofrecerle un adversario visible contra el que actuar. Si responde con dureza indiscriminada, se expone a vulnerar derechos y perder legitimidad. Si actúa con lentitud, transmite debilidad. Si acusa sin pruebas, deteriora la relación diplomática. Si guarda silencio, alimenta la percepción de impunidad. La defensa eficaz consiste precisamente en reducir esas opciones negativas antes de que estalle la crisis.

El agujero jurídico y la batalla de la desinformación
La sentencia del Tribunal Supremo conocida en julio confirmó que el régimen especial de rechazo en frontera no podía aplicarse automáticamente a quienes fueran interceptados mientras intentaban llegar a nado, al no haber superado una barrera física terrestre. Eso no concedía un derecho a permanecer en España, pero obligaba a utilizar procedimientos ordinarios con mayores garantías y tiempos de tramitación.

La complejidad jurídica fue convertida en un mensaje mucho más simple y falso: la frontera estaba abierta y quien llegase por mar no podría ser devuelto. La propagación se aceleró mediante vídeos, mapas, grupos de mensajería y cuentas que ofrecían información sobre rutas, horarios y movimientos de vigilancia. El fenómeno mostró que una sentencia técnicamente precisa puede transformarse, en cuestión de horas, en un incentivo masivo cuando se combina con frustración social y comunicación digital.
España reaccionó con una barrera flotante para delimitar físicamente el paso marítimo y reforzar el encaje administrativo de los rechazos. La medida puede ayudar a ordenar la vigilancia, pero no sustituye una reforma coherente. La legislación debe ofrecer seguridad jurídica, respetar los derechos fundamentales y permitir una respuesta rápida ante entradas masivas. La improvisación normativa después de cada crisis crea nuevas lagunas y favorece interpretaciones interesadas.

También es necesaria una capacidad permanente de alerta digital. No se trata de censurar conversaciones ni de criminalizar a quienes buscan una vida mejor, sino de detectar campañas coordinadas, identificar cuentas que difunden instrucciones peligrosas, cooperar con las plataformas y publicar desmentidos en árabe, árabe marroquí, francés y español antes de que el rumor se convierta en movimiento físico. La frontera empieza hoy en una pantalla, muchas horas antes de llegar al espigón.

Europa no puede seguir tratando Ceuta como un asunto periférico
Ceuta es territorio español y frontera exterior de la Unión Europea. Sin embargo, la crisis volvió a mostrar que la respuesta europea llega con frecuencia después del colapso. La Comisión reconoció que la Unión queda expuesta cuando el control depende de la buena voluntad de un solo país vecino y planteó utilizar de forma más estratégica los instrumentos comerciales y de visados para garantizar una cooperación efectiva.

La europeización de la frontera no debe limitarse a financiar a Marruecos. Requiere medios propios de vigilancia, análisis de riesgos, equipos de Frontex cuando sean solicitados, una reserva operativa de acogida, capacidad de traslado de menores, apoyo forense y un sistema común de alerta temprana. También exige que los socios europeos comprendan el régimen específico de Ceuta y Melilla y eviten convertir una crisis local en acusaciones improvisadas sobre el espacio Schengen. En el plano militar existe otra zona gris. El Tratado del Atlántico Norte limita geográficamente la aplicación automática de su cláusula de defensa colectiva y no menciona de forma expresa a Ceuta y Melilla, situadas en el continente africano. Una agresión armada contra la ciudad provocaría con toda probabilidad una respuesta política aliada, pero la ambigüedad jurídica reduce el valor disuasorio. La Unión Europea dispone, además, de una cláusula de asistencia mutua para el caso de agresión armada contra el territorio de un Estado miembro.

Ninguna de esas cláusulas está concebida para responder automáticamente a una avalancha migratoria, una campaña de desinformación o una retirada temporal de controles fronterizos. La defensa frente a la presión híbrida corresponde en primer término a España y a la Unión Europea mediante inteligencia, policía, diplomacia, legislación, resiliencia civil y capacidad económica. Invocar la OTAN como solución inmediata confunde una crisis de zona gris con una guerra convencional.

La defensa de Ceuta debe ser permanente, no episódica
España necesita un mando estable de coordinación para Ceuta y Melilla que reúna inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Salvamento Marítimo, aduanas, protección civil, servicios sanitarios y autoridades autonómicas. Ese órgano debe trabajar con escenarios de saturación realistas, disponer de reservas logísticas y poder activar refuerzos antes de que la frontera se desborde.

También resulta imprescindible culminar el plan integral de seguridad anunciado para ambas ciudades. La estrategia nacional ya reconocía desde 2021 su singularidad geográfica y la necesidad de una atención específica. Cinco años después, la crisis ha demostrado el coste de mantener ese instrumento incompleto. No basta con elevar vallas o instalar sensores. Hace falta una arquitectura que conecte vigilancia terrestre y marítima, inteligencia digital, atención humanitaria, capacidad judicial y comunicación estratégica. La relación con Marruecos debe incorporar un mecanismo bilateral de crisis con intercambio de información en tiempo real, indicadores verificables y una cadena clara de responsabilidades. Cuando existan señales de concentración de personas, campañas virales o movimientos anómalos de transporte, la alerta no puede quedar dispersa entre informes inconexos. Madrid debe saber qué está ocurriendo al otro lado y Rabat debe conocer las consecuencias diplomáticas y económicas de una falta grave de cooperación.

Al mismo tiempo, Ceuta necesita más que seguridad. Una ciudad vulnerable económicamente, dependiente de decisiones externas y sometida a ciclos de cierre y apertura fronteriza ofrece un terreno fértil para la presión. La conexión eléctrica con la Península, la modernización del puerto, la diversificación empresarial, la vivienda, la sanidad, la educación y la estabilidad comercial forman parte de la defensa nacional. La resiliencia no se construye únicamente con uniformes.

Sí, España puede defenderse, pero debe cambiar el modelo
España puede defender Ceuta y mantener su soberanía. Posee fuerzas, recursos jurídicos, respaldo europeo, capacidad económica y una posición internacional muy superior a la que sugiere la imagen de una frontera colapsada. Lo que no puede hacer es confiar en que la cooperación marroquí funcionará siempre, reaccionar cuando la crisis ya está en las calles y presentar cada refuerzo de emergencia como una solución estructural.

La principal amenaza no es una invasión convencional. Es la repetición de episodios ambiguos que desgasten la confianza de los ceutíes, polaricen a la sociedad española, enfrenten a los socios europeos y conviertan a miles de personas desesperadas en piezas de una negociación que no controlan. Evitarlo exige firmeza sin estridencias, cooperación sin dependencia, vigilancia sin arbitrariedad y una política exterior que combine diálogo con capacidad de presión. Ceuta no necesita gestos teatrales ni alarmismo permanente. Necesita que España y Europa asuman que su frontera sur es un espacio estratégico de primer orden. La lección de julio de 2026 es clara: una frontera custodiada por otro Estado puede parecer estable durante años y deshacerse en una tarde. La defensa comienza cuando esa posibilidad deja de sorprender.