Haití entre Bukele y la ONU
Haití ha recuperado su estadio nacional y lo ha puesto a disposición de los soldados de Nayib Bukele. El acuerdo con El Salvador abre una vía para combatir a las pandillas al margen de la fuerza autorizada por la ONU. Dos misiones anteriores de Naciones Unidas costaron más de 7.600 millones de dólares. Nueve años después del cierre de la mayor de ellas, el Gobierno haitiano vuelve a afrontar la misma pregunta. ¿Quién se hará cargo de los barrios cuando se vayan los soldados?
Durante las eliminatorias del Mundial de 2026, la selección haitiana tuvo que jugar en el extranjero hasta los partidos en los que figuraba como local. Las pandillas controlaban el estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe. En noviembre, las fuerzas de seguridad haitianas recuperaron el recinto y soldados salvadoreños pasaron a custodiarlo. El día 17, miles de personas salieron a la calle en la capital para apoyar a Bukele. Cuando la marcha se dirigía hacia el estadio, la policía haitiana la dispersó con gases lacrimógenos.
El Salvador ya tenía personal en Haití cuando, el 18 de octubre, cuatro técnicos de su aviación militar desaparecieron tras una emboscada en las afueras de Puerto Príncipe. Formaban parte de la fuerza multinacional respaldada por la ONU. Bukele ordenó una operación de rescate y cifró después en 2.500 los soldados salvadoreños desplegados en el país. El 20 de noviembre aún se desconocía el paradero de los cuatro. Ese día murieron otros dos militares salvadoreños y dos resultaron heridos al producirse una explosión mientras manipulaban material explosivo en un campamento.
Qué pagaron los 7.600 millones
La cifra corresponde a dos operaciones que compartieron una misma cuenta. La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida como MINUSTAH, estuvo en el país de 2004 a 2017. La sucedió una misión más pequeña de apoyo a la justicia, que concluyó en 2019. Al cierre contable de junio de 2022, ambas acumulaban un gasto neto de 7.618,6 millones de dólares. La cuenta cubría el funcionamiento de los contingentes, el personal civil, el transporte y la logística. Durante años, los Estados miembros pagaron con esas cuotas los gastos de mantener en Haití una fuerza internacional. Solo una parte de aquel esfuerzo podía traducirse en recursos que siguieran a disposición del Estado haitiano después de la retirada.
La MINUSTAH llegó tras la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Ayudó a formar policías y a organizar elecciones. Después del terremoto de enero de 2010 puso su capacidad de transporte al servicio de la emergencia. Aquel mismo año, aguas residuales de un campamento de cascos azules nepalíes contaminaron un afluente del Artibonito y desataron una epidemia de cólera. Cuando Ban Ki-moon pidió perdón al pueblo haitiano en diciembre de 2016, la enfermedad ya había causado más de 9.000 muertes. Las familias de las víctimas tuvieron que esperar seis años para escuchar esa disculpa.
Dos fuerzas con mandos distintos
El contingente enviado por Bukele opera en su gran mayoría en virtud de un acuerdo bilateral con el Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. A su lado sigue desplegada la Fuerza de Represión de las Bandas, que recibe apoyo logístico de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027. El Salvador participa así por dos vías. Sus técnicos de aviación llegaron como parte de una misión internacional a la que el país había ofrecido helicópteros para evacuaciones médicas. En cambio, la mayoría de los refuerzos enviados tras la emboscada responde a un mando salvadoreño.
Tampoco coinciden los plazos que manejan los dos gobiernos. Bukele ha vinculado la retirada de sus tropas al rescate de los cuatro desaparecidos. El ministro haitiano de Justicia y Seguridad Pública, Patrick Pélissier, quiere contar con el apoyo salvadoreño al menos hasta las elecciones. La primera vuelta presidencial y legislativa, prevista inicialmente para diciembre de 2026, se ha trasladado al 18 de julio de 2027. El mandato internacional vigente vence antes de esa fecha. Ninguno de esos calendarios dice cuándo estará la policía haitiana en condiciones de relevar a quienes hoy la apoyan.
El día después de la patrulla
Puerto Príncipe ya conoce el problema del relevo. A principios de 2026, las operaciones de seguridad desalojaron a miembros de las bandas de sectores de Bel Air, el bajo Delmas y La Saline. Entre julio y septiembre, algunos regresaron allí donde el Estado no había mantenido una presencia suficiente. En Carrefour, una banda llegó a exigir a algunos vecinos 50.000 gourdes o más por seguir viviendo en sus propias casas. Quienes se negaban corrían el riesgo de perder la casa y, en algunos casos, la vida. Para esas familias, recuperar el barrio significa saber a quién pueden llamar el día en que alguien vuelve a cobrar a su puerta.
La cooperación con El Salvador ya alcanza a las cárceles. El 20 de noviembre, tras visitar ese país, Pélissier anunció un proyecto para construir tres cárceles en Haití con participación de empresas de los dos países. Las prisiones haitianas albergaban a finales de septiembre a más del triple de las personas para las que tenían espacio. Ocho de cada diez internos estaban en prisión preventiva. Abrir celdas puede aliviar el hacinamiento. Para que un detenido comparezca ante un juez hacen falta, además, un expediente que llegue al tribunal, un abogado que pueda visitarlo y condiciones para que los testigos declaren.
A finales de septiembre, casi un millón y medio de haitianos vivían desplazados dentro del país. La recuperación del Sylvio Cator ha devuelto a Puerto Príncipe un lugar al que sus propios futbolistas no podían entrar a jugar. Por ahora, es una base militar. Cuando la selección vuelva a disputar allí un partido, habrá otra forma de medir lo que ha cambiado en la capital. Si los aficionados pueden regresar a su barrio sin pagarle a una banda por el camino, Haití habrá recuperado bastante más que un estadio.
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