Heraldo de Madrid - La principal central obrera argentina recurre en la justicia parte de la reforma laboral de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) pide que se suspenda la aplicación de la reforma hasta que se reconsidere la jurisdicción en la que se resuelven denuncias laborales.

La justicia laboral nacional en Argentina es criticada por algunos sectores políticos y empresariales que consideran que es parcial y que falla mayoritariamente a favor de los sindicatos o de los trabajadores que litigan.

La CGT pide en el recurso que las causas judiciales sigan bajo la jurisdicción laboral nacional y no sean trasladadas a la justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Señala que el traslado de la competencia tiene como fin la "aniquilación de la Justicia Nacional del Trabajo" en una acción "de carácter represálico" contra jueces que han dictado decisiones que "desde ciertos puntos de vista, no resultan agradables".

La reforma laboral, criticada por la oposición y el sindicalismo, reduce indemnizaciones a los trabajadores, permite pagos en especies (bienes o servicios), limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago de horas extras, entre otros puntos.

Esta es la primera acción judicial de la CGT contra la denominada ley de Modernización Laboral y resta una segunda que "va a ir en otra acción que aún se esta trabajando", dijo a la AFP uno de los abogados que trabaja en el documento quien pidió el anonimato.

La CGT ya había advertido sobre una estrategia judicial para combatir la reforma.

La Asociación Gremial de Abogados del Estado fue la primera en presentar una demanda colectiva contra la ley el lunes.

También el lunes, cientos de personas convocadas por la CGT marcharon en todo el país en rechazo a la reforma, con la convocatoria más importante frente al palacio de justicia de Buenos Aires.

Milei dijo que la ley busca crear "un entorno que facilite la contratación, impulse la inversión y permita que el empleo registrado (formal) vuelva a expandirse", en un país que tiene un 43,3% de su fuerza laboral en la informalidad.

La sanción de la ley se dio en el marco de una caída de la actividad industrial, con más de 21.000 empresas cerradas en los últimos dos años y la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo, según fuentes sindicales.

N.Carrasco--HdM