Heraldo de Madrid - La justicia española rechaza investigar al expresidente de Valencia por las letales inundaciones de 2024

El dirigente conservador, que dimitió en noviembre del cargo, había recibido fuertes críticas por su ausencia en los momentos clave de una de las peores catástrofes de la historia reciente de España.

Sin embargo, los cinco magistrados encargados rechazaron por unanimidad la petición realizada por la jueza que investiga el caso en primera instancia, al considerar que la ley no obligaba a Mazón a ostentar una "posición de garante" ante la emergencia.

"Sin prejuzgar otras posibles responsabilidades, es claro" que el entonces dirigente regional "no incurrió en infracción de una norma legal en materia de emergencias al no atribuírsele deber específico alguno en este ámbito", indicaron en su decisión de 72 páginas, que puede ser recurrida.

Los magistrados desestiman así la petición que les había realizado en febrero la jueza instructora de Catarroja quien, tras meses de pesquisas, consideró que había indicios de que incurrió en "una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia".

Como el expresidente mantiene su puesto de diputado regional y su aforamiento, la magistrada tuvo que solicitar al tribunal superior de justicia regional que lo investigara.

La decisión no impide que la magistrada siga sus investigaciones y pueda hacer una nueva petición en el futuro.

Mazón fue muy cuestionado por su gestión el 29 de octubre de 2024, cuando las inundaciones provocadas por unas lluvias torrenciales caídas en el interior de la región arrasaron parte de la provincia de Valencia.

Aquel día, Mazón pasó horas almorzando con una periodista en el reservado de un restaurante de Valencia.

Su gobierno demoró horas en mandar una alerta a los celulares de los ciudadanos avisando del peligro. Según la jueza de Catarroja, este mensaje, enviado a las 20H11, cuando ya era demasiado tarde para muchas víctimas, fue "tardío y erróneo".

Para los magistrados del TSJCV, sin embargo, esa larga ausencia de Mazón no tiene efectos penales.

"Poco o nada puede decirse desde una perspectiva jurídico-penal y mucho, seguramente, desde otras ópticas. Pero no nos corresponde (...) analizar la conducta del aforado desde un punto de vista moral o político", explicaron.

La magistrada de Catarroja, que ha escuchado a cientos de testigos y peritos en esta extensa causa, imputó a dos altos cargos de Mazón, la que era la responsable de Emergencias durante la riada, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, que no son aforados.

D.Prieto--HdM