Heraldo de Madrid - Huelga general y giro estratégico: La vivienda como eje de la campaña del 29N

En el ámbito de la política española, se suele afirmar que una semana equivale a una eternidad. Esta máxima ha demostrado su vigencia con mayor intensidad en las últimas semanas previas a los comicios del 29N. Han transcurrido poco más de treinta días desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral, y durante este periodo la precampaña ha acumulado una sucesión de giros argumentales tan rápidos que los partidos apenas han tenido tiempo de asimilar un cambio de narrativa antes de verse obligados a responder al siguiente.

La trayectoria de esta fase previa ha sido notablemente volátil. Desde las primeras acampadas por la vivienda en la Puerta del Sol hasta la posterior campaña emocional lanzada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); desde los errores iniciales del Partido Popular (PP) en su discurso sobre las pensiones hasta sus intentos por capitalizar los violentos altercados ocurridos en Bilbao y Barcelona. El calendario político también ha sido interrumpido por eventos internacionales, como las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y el movimiento estudiantil en Serbia, así como por tragedias nacionales, como el terrible accidente ferroviario en Urda que paralizó momentáneamente la carrera electoral.

A estos hechos se suman desarrollos internos recientes: la dimisión del exministro Óscar Puente, el triunfo de los demócratas estadounidenses frente a Donald Trump en sus elecciones legislativas —un suceso que, aunque reciente, ya parece lejano en la velocidad del ciclo político— y un nuevo capítulo del caso Koldo, que incluye registros de la Unidad Central Operativa (UCO) y la supuesta oferta de un millón de euros por parte del PP al exasesor de José Luis Ábalos para declarar contra Sánchez.

Aunque el pistoletazo de salida oficial a la campaña se producirá el próximo viernes, antes de esa fecha está convocada una huelga general en respuesta a la crisis habitacional. Esta movilización se sitúa a solo dieciocho días de la cita con las urnas y tiene el potencial de devolver el debate público a su punto de partida: la vivienda, la cuestión que precipitó originalmente la convocatoria de elecciones anticipadas.

Más allá de los vaivenes de la actualidad inmediata, los partidos están batallando para asegurar que los comicios se disputen en su terreno ideológico preferido. El PSOE busca confrontar su modelo de defensa del Estado del bienestar con el de las formaciones de derecha. El PP intenta convertir la gestión de los servicios públicos y los casos de corrupción en argumentos centrales dentro de su cruzada contra Sánchez. Vox mantiene su ofensiva centrada en la inmigración y la seguridad, mientras que las fuerzas de la izquierda alternativa intentan devolver los problemas cotidianos a la agenda política y social.

Fuentes del PSOE catalán han expresado su percepción sobre la estrategia de sus rivales: "Al PP se le está haciendo larga la precampaña. Y Vox ha optado por el ruido, la bronca y la provocación permanente. No vamos a entrar ahí. Vamos a seguir hablando de los problemas reales de la gente".

El PSOE, que inició su etapa apelando al optimismo y la esperanza, encontró una oportunidad poco después en las declaraciones de la portavoz popular Ester Muñoz sobre un supuesto colapso de las pensiones. Esta intervención permitió al gobierno poner a Alberto Núñez Feijóo bajo presión. Sin embargo, cuando el ejecutivo intentaba recuperar la iniciativa política, la tragedia ferroviaria de Urda —el segundo accidente de esta naturaleza en menos de un año— le obligó a recalcular su estrategia para centrarse en la gestión de la crisis.

Un alto cargo del Gobierno ha resumido la situación actual de Óscar Puente tras su renuncia: "Está bien, tranquilo y consciente de que su dimisión y cómo la ha presentado le convierte en un ejemplo de dignidad, coherencia y honestidad política". Esta renuncia ha permitido a los socialistas recuperar la ofensiva política, reivindicando la asunción de responsabilidades del exministro frente a la actuación de otros dirigentes del PP que, tras catástrofes como el accidente del Yak 42, las víctimas en residencias de Madrid o la DANA en Valencia, no dimitieron.

El varapalo sufrido por Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos también ha servido para alimentar las esperanzas de remontada dentro del PSOE. En pocos días, el partido ha pasado de un estado de shock a recuperar el mantra de que es posible frenar a las derechas. "La movilización es la fórmula, en Brasil y en Estados Unidos, ganó el progreso gracias a la movilización, y si allí se pudo, en España también votando al PSOE. Demos una lección al mundo", señaló el presidente este viernes en un mitin en Valencia.

Desde el PP, sin embargo, insisten en que el desgaste del Ejecutivo va mucho más allá y ofrecen su particular visión de la realidad. "El país asiste atónito al deterioro brutal de todos los servicios públicos y a la corrupción. A la corrupción masiva del sanchismo, que no tiene día sin redada o día sin detención", aseguró su secretario general, Miguel Tellado.

Los populares también han tenido que reajustar su estrategia. Después de semanas centrados en convertir las elecciones en un plebiscito sobre la figura de Sánchez, el accidente ferroviario les ha permitido incorporar la gestión de los servicios públicos y la seguridad de las infraestructuras a sus principales argumentos para acceder a la Moncloa. La nueva operación de la UCO en el caso Koldo, con el registro de la vivienda del exministro José Luis Ábalos y seis personas detenidas —puestas en libertad horas después—, ha permitido además recuperar su ofensiva sobre la corrupción. No obstante, la publicación, adelantada por Cadena SER, de los audios en los que el exasesor asegura que los populares le ofrecieron un millón de euros para declarar contra Sánchez, una acusación que el PP niega, ha colocado a Feijóo en una situación incómoda.

Vox, por su parte, no ha variado excesivamente su discurso. Santiago Abascal abrió la precampaña con la inmigración, la seguridad y la prioridad nacional como principales banderas. Mientras agita el fantasma del pucherazo electoral, ha tratado de vincular tanto la crisis de la vivienda como los disturbios de Bilbao y Barcelona con sus propuestas de mano dura en política migratoria. Tras el accidente de Urda, la ultraderecha ha redoblado sus ataques al Gobierno —fue el único partido que no canceló su agenda por el luto oficial— pero sin abandonar un relato que le funciona y con el que aspira a crecer en las urnas y disputarle al PP el voto más conservador.

En la izquierda alternativa, el Frente Amplio trata de impedir que la actualidad diaria arrincone el asunto que provocó el adelanto de los comicios. "A lo largo de una campaña electoral pasan muchas cosas pero nosotros siempre hemos pensado que estas elecciones son un referéndum sobre la vivienda. Por eso estamos proponiendo medidas para solucionar el principal problema de nuestro país", apuntan fuentes de la coalición.

Con Ada Colau como candidata a la presidencia, la candidatura de Sumar, IU, Más Madrid y los comunes confía en que la huelga general devuelva el protagonismo a la crisis habitacional. La elección de la exalcaldesa de Barcelona, una de las caras más visibles de la lucha contra los desahucios, responde al intento de conectar con las movilizaciones sociales y ofrecer una alternativa al PSOE desde su izquierda. "Nosotros no hemos dejado ni vamos a dejar de hablar de los desahucios, de los alquileres imposibles, de los fondos buitre y de garantizar de una vez por todas el derecho a la vivienda en España", apuntan. Una de sus últimas propuestas ha sido un impuesto al patrimonio de los ultrarricos.

Podemos, cuya campaña gira en torno al tándem Montero-Rufián, también reivindica la necesidad de recuperar los problemas cotidianos como eje, pero con una crítica más profunda al sistema económico y a la gestión de los servicios públicos. "Estos días han quedado claras las consecuencias de un modelo que antepone el negocio de unos pocos a la vida de la gente", señalan desde la formación morada.

Mientras las formaciones políticas se disputan el relato, hay asuntos que no han conseguido ocupar un papel destacado en el debate electoral. La sanidad pública, la violencia machista o los cuidados han quedado relegados a un segundo plano pese a que afectan a millones de personas. Su ausencia resulta especialmente llamativa cuando el funcionamiento de los servicios públicos se ha convertido, tras el accidente de Urda, en un campo de batalla entre PSOE y PP.

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi el 30% de los españoles opina que el sistema sanitario necesita cambios fundamentales. Sin embargo, las listas de espera, la falta de profesionales en atención primaria o el aumento de la sanidad privada apenas se mencionan en una precampaña que habla de deterioro de lo público, pero casi siempre en relación con las infraestructuras ferroviarias.

En cuanto a la igualdad, 44 mujeres, siete de ellas con órdenes de protección, han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Pero la igualdad tampoco ocupa un lugar central en los discursos políticos, a excepción de algunas menciones de dirigentes socialistas y de Irene Montero. Esto ocurre a pesar de que Feijóo —que ya ha anunciado que recortará las políticas públicas o que reformará la ley del aborto para hacerla más restrictiva— podría gobernar con Vox, un partido negacionista de la violencia de género.

Las políticas de prevención, los derechos sexuales y reproductivos o la situación de las mujeres que asumen la mayor parte de los cuidados siguen sin protagonizar los debates sobre el modelo de país que se juega el 29N. Solo cuatro días antes de la votación se celebrará el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Q.Rios--HdM