El Dragón bajo examen
En mayo de 2020, el Ministerio de Defensa ya había anunciado qué cuatro empresas fabricarían el blindado Dragón. La sociedad que obtuvo el contrato se constituyó en junio y la adjudicación llegó en agosto. Seis años después, esa secuencia ocupa un lugar central en las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre tres compras militares por unos 2.350 millones de euros.
Madrid, 20 de noviembre de 2026. La pregunta que plantea el expediente del Dragón es qué quedaba por negociar cuando Defensa pidió la oferta. Para entonces, el ministerio había identificado a los socios, había explicado por qué quería reunirlos en una sola empresa y había fijado el porcentaje de participación industrial que pretendía reservar a España. Los interventores sitúan la elección del adjudicatario en una fecha aún más temprana, el 28 de abril de 2020. Corresponde a la investigación esclarecer cómo se tomó aquella decisión y si el procedimiento permitía considerar otras opciones.
El examen alcanza también al sistema lanzacohetes SILAM y a la adquisición de catorce sistemas antidrones. Los importes de los tres expedientes dan la medida de las decisiones que se revisan. A 20 de noviembre no se ha establecido que el erario sufriera un perjuicio por esa cuantía. La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió el día 18 la legalidad de las inversiones. Ese mismo día, Indra manifestó que no había recibido notificación de una investigación de esas características.
Lo que se decidió antes de la firma
El primer intento de contratar la fabricación del Dragón había quedado desierto a finales de 2019. Al reactivar el programa, Defensa quería conservar en España el control del diseño del vehículo y garantizar que al menos el 70 % del trabajo recayera en la industria nacional. Era una decisión con consecuencias prácticas. Defensa calculaba una vida útil de al menos cuarenta años, durante los cuales el Ejército necesitaría repuestos, reparaciones y sucesivas mejoras. Quien controlase el diseño tendría mucho que decir sobre el coste de todas ellas.
El 13 de mayo de 2020, Robles firmó el compromiso que abría paso a la sociedad formada por Santa Bárbara Sistemas, Indra, SAPA y Escribano Mechanical & Engineering. TESS Defence se constituyó el 26 de junio. El 24 de agosto obtuvo el encargo de los primeros 348 vehículos y al día siguiente se firmó el contrato. El Consejo de Ministros había autorizado en junio un valor estimado de 2.083 millones de euros. El importe de adjudicación sin impuestos fue de 1.736 millones. Esta última cifra es la que corresponde al Dragón en el cómputo de los tres expedientes.
Cómo se negocia con un solo proveedor
Defensa se acogió al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite adoptar medidas excepcionales cuando son necesarias para proteger intereses esenciales de seguridad. En el caso del Dragón, la justificación industrial explica qué quería preservar el ministerio. Queda por determinar si para conseguirlo era indispensable negociar con un único proveedor y con qué referencias se valoró su oferta. Esa segunda cuestión importa incluso si la primera queda plenamente justificada.
El contrato del blindado se firmó con precios provisionales. El importe definitivo dependía de los costes de los socios y del margen pactado con cada uno. La Intervención General de la Administración del Estado señaló discrepancias entre la oferta de TESS y su desglose posterior, y echó en falta las tablas de costes de los socios que debían acompañarla. En una compra con varios competidores, otra oferta puede servir para contrastar un precio. Aquí, el comprador dependía en buena medida de poder reconstruir cuánto costaba a cada empresa cumplir su parte.
En el SILAM, Defensa abrió el plazo el 24 de octubre de 2023 y lo cerró el 7 de noviembre. Escribano y Rheinmetall Expal concurrieron juntas y obtuvieron el contrato, de unos 576 millones de euros. El Gobierno anunció su cancelación en septiembre de 2025. En la compra de los sistemas antidrones, por algo más de 36 millones, Defensa cursó cinco invitaciones en agosto de 2024. Dos meses antes, Indra, Escribano y TRC ya habían anunciado que trabajarían juntas en una solución para las Fuerzas Armadas. Formar una alianza industrial es legítimo. Lo que examina la Fiscalía es el margen efectivo que tuvieron otros proveedores para disputar el encargo.
El Estado compra y financia
El Dragón permite seguir el dinero más allá de la adjudicación. Para poner en marcha la producción, Industria previó un préstamo de 1.258 millones de euros a TESS y desembolsó los primeros 50 millones en diciembre de 2020. El anticipo cubría trabajos que había que acometer antes de entregar los vehículos. Contabilizar todo ese crédito como un segundo contrato de compra duplicaría parte del esfuerzo financiero. Para conocer el coste público hay que seguir también las devoluciones.
La fórmula sigue vigente. El real decreto publicado el 20 de noviembre de 2026 prevé 744 millones de euros en préstamos sin intereses a la unión de Indra y Escribano para un nuevo programa de defensa contra drones en territorio nacional. Es un programa distinto del lote de catorce sistemas que revisa Anticorrupción. El Estado reúne aquí varios papeles. Defensa compra, Industria financia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales posee el 27,99 % de Indra.
Escribano Mechanical & Engineering pasó de facturar 44 millones de euros en 2019 a 488 millones en 2025. En ese intervalo también cambió su relación con Indra. A finales de 2024, la sociedad de inversión de los Escribano poseía el 14,3 % de la cotizada. Ángel Escribano asumió la presidencia de Indra en enero de 2025, más de cuatro años después de la adjudicación del Dragón, y dimitió en abril de 2026.
Lo que llega al Ejército
Mientras se revisan las adjudicaciones, el Ejército recibe los vehículos. El 29 de septiembre, TESS entregó el Dragón número cien en Alcalá de Guadaíra. El 29 de octubre suministró otros dieciocho y, a comienzos de noviembre, la Brigada Aragón recibió sus primeros ejemplares. La entrega de un blindado y su incorporación plena al servicio son hitos distintos. Entre ambos hay tripulaciones que formar, vehículos que evaluar y talleres que abastecer.
Esas obligaciones ya tienen una expresión presupuestaria. El 20 de octubre, el Consejo de Ministros autorizó dos acuerdos marco, uno de casi 54 millones de euros para mantenimiento y otro de 14,41 millones para la entrada en servicio y el apoyo durante la vida del vehículo. La negociación de 2020 seguirá así pesando sobre las cuentas del Ejército años después de la última entrega. Saber cómo se fijó aquel primer precio importa tanto para revisar lo que se contrató entonces como para decidir cuánto conviene pagar por mantener los 348 blindados en servicio.
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