Heraldo de Madrid - JNJ omite sanciones y procesos penales de Varillas en informe de ratificación

El juez de las medidas cautelares exprés, Juan Gustavo Varillas Solano, lleva más de dos años suspendido de sus funciones desde 2015, pero esta situación crítica no se refleja en el informe elaborado por la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este documento sirve como base fundamental para que la JNJ decida, en las próximas semanas, si Varillas Solano es apto para continuar desempeñándose como magistrado civil y comercial de Lima.

El informe, al que tuvo acceso La República, también omite detallar que el juez enfrenta un proceso penal ante la Corte Suprema con comparecencia y embargo de sus bienes por presunta vinculación con la red Orellana. De igual manera, no se menciona la investigación de la fiscalía por vínculos con "Los Cuellos Blancos del Puerto", derivada de un intercambio de llamadas telefónicas con el prófugo César Hinostroza.

Según registros judiciales, en febrero de 2018, Hinostroza contactó a Varillas para solicitarle que recibiera de forma reservada al abogado Mario Castillo, debido a que este le había "dado una mano" en el pasado. Las fuentes indican que el abogado podría ser Mario Castillo Freyre, investigado por supuestos arbitrajes fraudulentos de la constructora Odebrecht. Varillas respondió que estaba prohibido recibir a un abogado en su despacho, pero sugirió encontrarse fuera de los ambientes judiciales. A lo cual, Hinostroza señaló: "Ya mejor... ya no en tu despacho, sino en otro lugar. Ya me avisas cualquier cosa".

Esta situación evidencia, según fuentes judiciales, un enorme poder que protege al juez Varillas, llegando a las más altas instancias del país y permitiéndole seguir emitiendo medidas cautelares sin sustento lógico ni procesal, en ocasiones sin contracautela real. Esto resulta incomprensible en momentos en que la JNJ, presidida por la consejera María Teresa Cabrera, dice pilotar una cruzada contra la corrupción judicial y el uso abusivo del derecho.

La ratificación es un proceso individual al que se someten todos los jueces y fiscales del país cada siete años para decidir si reúnen las condiciones de confianza e idoneidad. El informe debería listar todos sus méritos y deméritos, ya que a partir de esos datos la JNJ decide de manera fundada si un magistrado cumple los requisitos de idoneidad, preparación académica y desempeño.

Sin embargo, el informe muestra a Varillas casi como un magistrado ejemplar: 23,8 puntos sobre 30 en calidad de decisiones; 19,2 puntos sobre 20 en gestión de procesos; 24,9 puntos sobre 30 en celeridad y rendimiento; y 8,3 sobre 10 en organización del trabajo. Una calificación que no guarda relación con lo que muchos litigantes piensan de él. En el rubro conducta se indica que registra denuncias y medidas disciplinarias en trámite ante la ANC-PJ y la JNJ, sin mayores precisiones.

Por información pública se conoce que el 17 de octubre de 2024, la Unidad de Sanción y Apelación solicitó al jefe de la ANC-PJ, Roberto Palacios, que proponga a la JNJ su destitución inmediata. Previamente, el magistrado contralor David Correa Castro le impuso seis meses de suspensión el 7 de marzo de 2024, medida que se amplió por otros seis meses hasta marzo de 2025, totalizando un año de suspensión en relación con las medidas cautelares dictadas en casos como Gol Perú, la disputa por el hotel Meliá, el peaje del puente Chillón y sus vínculos con Hinostroza.

Unos años antes, de marzo de 2016 hasta mayo de 2017 permaneció suspendido por 14 meses en una investigación de la entonces Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), respondiendo a una denuncia de la Procuraduría del Gobierno Regional de Tacna por otorgar una medida cautelar al Consorcio Salud Tacna que impidió al Estado cobrar cartas fianzas por retrasos en la construcción de un hospital, caso vinculado a la red Orellana.

Actualmente, Varillas se encuentra nuevamente suspendido desde el 25 de agosto de 2024 por la medida cautelar que impedía la venta del Grupo El Comercio, al redactar sus resoluciones fuera del despacho judicial en equipos no oficiales y trasladarlas en un USB. A fines de octubre último, lo volvieron a suspender por otros seis meses por una medida cautelar que no respetó el debido proceso.

Estas sanciones de suspensión y pedidos de destitución que se pretenden ocultar o silenciar para no calificarlo le hacen mucho daño a la credibilidad del sistema judicial y a sus órganos de control. Por menos, otros jueces han caído y quedaron fuera del Poder Judicial.

O.Rivas--HdM